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Con más de 29.000 asesinatos, 2017 ha sido el año más mortífero del que se guarde registro en México. Casi dos tercios de los mexicanos afirman que el crimen y la violencia son los mayores problemas que enfrenta su país.

Los estudios en la materia muestran que una de las principales causas del derramamiento de sangre es la violenta represión ejercida el gobierno mexicano contra el narcotráfico. El asalto militar contra los cárteles lanzado en 2006 bajo el presidente Felipe Calderón ha dejado 234.966 víctimas mortales en 11 años.

Pese a que múltiples capos de las drogas han sido encarcelados, los cárteles se fragmentaron bajo la presión de las fuerzas del orden al competir por el territorio y diversificar sus negocios. El secuestro y la extorsión se han disparado por tanto. Hoy en día, México es uno de los lugares más violentos del mundo.

En este contexto, un candidato presidencial espera ganarse a los votantes en la elección del 1 de julio con una propuesta novedosa frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país: amnistía para delincuentes.

Justicia, no venganza

Esta idea, lanzada por el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador por primera vez en agosto de 2016, no está desarrollada y es probablemente quijotesca. López Obrador aún no ha indicado qué beneficio preciso obtendría el gobierno mexicano al perdonar a los delincuentes.

No obstante, los estudios sobre política de drogas que he realizado en mi calidad de profesor de derecho me obligan a reconocer la originalidad de López Obrador. Las estrategias de “mano dura” propuestas por sus tres contrincantes – que no son muy distintas de aquéllas que se han mostrado fallidas a lo largo de la última década – han frustrado a los votantes durante la presente campaña electoral.

López Obrador, fundador y líder en México del Partido MORENA, es un político provocador que se deleita en desafiar al status quo. En este, su tercer intento por ganar la silla presidencial, en varias ocasiones ha sugerido que tanto los miembros de los grupos del crimen organizado como los políticos corruptos podrían ser indultados por sus crímenes.

Cuando se le ha presionado para obtener detalles sobre el plan de amnistía que propone, López Obrador simplemente ha respondido que “la amnistía no es impunidad” o que México no necesita “venganza”, sino “justicia”.

La exministra de la Suprema Corte de Justicia Olga Sánchez Cordero, quien sería titular de la Secretaría de Gobernación en el eventual gobierno de López Obrador, ha ofrecido algunas claves adicionales sobre el plan. Sánchez Cordero ha declarado que los votantes no deberían concebir la amnistía como una política de seguridad, sino como en una forma de justicia transicional. La amnistía sería entonces un instrumento para pacificar a México.

La oportunidad de acogerse a ésta estaría sujeta a un límite de tiempo. Los delincuentes perderían su inmunidad después de una fecha específica en caso de no cumplir con ciertas condiciones, mismas que aún no han sido definidas. Delitos graves como la tortura, la violación o el homicidio estarían excluidos.

Asimismo, la totalidad de los perdones presidenciales necesitaría ser aprobada por el Congreso, de conformidad con la Constitución mexicana.

La amnistía en Colombia

Si la propuesta parece equívoca es justamente porque lo es.

López Obrador ha señalado que la amnistía es todavía un proyecto en desarrollo. Su equipo trabajará con organizaciones religiosas, el Papa Francisco, el secretario general de las Naciones Unidas António Guterres, grupos de la sociedad civil mexicana y expertos en derechos humanos con miras a desarrollar “un plan para conseguir la paz en el país, con justicia y dignidad”.

Colombia ofrece un ejemplo concreto de cómo la amnistía puede ser utilizada como un instrumento para la paz.

En 2016, el gobierno colombiano firmó un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a la violenta rebelión sostenida por el grupo marxista a lo largo de 52 años. Los combatientes de las FARC recibieron inmunidad respecto a los delitos políticos cometidos durante el conflicto a cambio de entregar sus armas.

La ley de amnistía ha sido objeto de fuertes controversias. Tanto los conservadores colombianos como las Naciones Unidas la han criticado por otorgar prioridad a los derechos de las guerrillas sobre los de sus víctimas. El proceso de paz en Colombia también se ha visto entorpecido por retrasos, brotes de violencia y la oposición política que ha enfrentado.

Aun así, según expertos del Centro de Recursos de Análisis de Conflictos, las muertes de civiles y combatientes relacionadas con el conflicto se redujeron en más del 90% en 2016.

¿Funcionaría una amnistía en México?

México, empero, no es Colombia.

López Obrador propone la amnistía para un conflicto distinto que involucra actores radicalmente diferentes: capos, políticos corruptos y fuerzas de seguridad que durante 11 años han librado, en términos prácticos, una guerra con total impunidad.

No está claro, por ejemplo, qué motivación tendrían los narcotraficantes para abandonar una industria ilícita con valor de $40 mil millones de dólares – misma que sostiene alrededor de 500,000 empleos en México –, a cambio del eventual perdón que les otorguen las autoridades.

También es difícil conciliar la promesa de López Obrador de presidir un gobierno honesto con su propuesta de condonar actos pasados de corrupción, pese a que se ha comprometido a concluir todas las investigaciones en curso que, en esta materia, se encuentran abiertas contra diversos funcionarios públicos.

López Obrador afirma buscar una nueva “constitución moral” para México. Sostiene que el perdón es necesario para construir una “república amorosa”, en la cual los mexicanos “vivan bajo la premisa de que ser bueno es el único modo de ser dichoso”.

Una expectativa sencilla

Los mexicanos no se sienten dichosos en este momento.

Una encuesta reciente de IPSOS ha revelado que el 89% de los mexicanos cree que el país ha tomado un rumbo equivocaso. Casi el 70% desaprueba el desempeño del presidente Enrique Peña Nieto.

El periodista e historiador Héctor Aguilar Camín ha descrito el presente estado de ánimo de los votantes como “melancólico”. La corrupción desenfrenada, la represión gubernamental y la encarnizada violencia los han vuelto escépticos respecto a la política. No obstante, como señala Aguilar Camín, los mexicanos también necesitan urgentemente creer en la posibilidad de un cambio.

Este descontento le ha dado a López Obrador una ventaja prácticamente insalvable en el período previo a las elecciones de julio.

Parafraseando al prominente reportero mexicano-estadounidense de Univisión, Jorge Ramos, lo único que los mexicanos piden a su próximo presidente es que evite que sean asesinados. Las ideas inusuales son por tanto bienvenidas.

Durante los debates presidenciales, el único candidato que, además de López Obrador, propuso una nueva y radical táctica contra el crimen es el gobernador Jaime “El Bronco” Rodríguez, un independiente del estado de Nuevo León. Prometió “mocharle las manos” a políticos y delincuentes corruptos, una sugerencia que dejó a la moderadora Azucena Uresti (y a la mayor parte del país) horrorizada.

La Constitución mexicana prohíbe el castigo con mutilación y el tormento de cualquier especie.

Las ventajas electorales de la ambigüedad

Únicamente López Obrador, con su propuesta de amnistía, ha cuestionado si la “mano dura” debería ser el principio básico que informe la política de seguridad mexicana.

Sus contrincantes han atacado la idea, llamándola “locura” y “tontería”. Algunos incluso acusaron a López Obrador de haberse convertido en “un títere de los criminales”.

Alfonso Durazo, a quien López Obrador nominaría como Secretario de Seguridad, cree que una ley de amnistía pondría fin al “ciclo de guerra” en México en cuanto iniciaría un proceso de reconciliación nacional.

Mientras tanto, para combatir activamente al crimen, López Obrador ha propuesto fusionar la policía y el ejército en una guardia nacional unificada bajo el mando directo del presidente.

México probablemente necesita el perdón y la justicia. En este momento, sin embargo, los perdones presidenciales no son sino una vacía promesa de campaña. En las palabras de la politóloga mexicana Denise Dresser, el plan de amnistía de López Obrador es simplemente “una hoja en blanco sobre la mesa, con un montón de escribanos trabajando ahí”.

Luis Gómez Romero does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.