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Si algo se ve claro ahora en Puerto Rico es la importancia de un sistema energético fuerte y resiliente. Tras el Huracán María, que azotó la isla en septiembre 2017, contamos en meses el tiempo sin servicio.

Ni siquiera el dudoso 70% de quienes nos dicen se les restituyó el servicio, ni los pocos que, por operar con energía solar, nunca la perdieron están exentos de los sufrimientos indirectos, como la inseguridad, cierre de negocios y desempleo, una crisis de salud y expulsión de gente hacia Estados Unidos.

Es que el “Puerto Rico Electric Power Authority”, o PREPA, la debilitada compañía pública de electricidad en Puerto Rico, ha sido incapaz de restaurar servicio. Está en quiebra, con una infraestructura envejecida y deteriorada. Se conoce también como una entidad corrupta. Abonados que no tuvieron luz durante meses recibieron en enero facturas por “servicios rendidos” mientras miles más enfrentan descomunales sobrefacturaciones.

Es por eso que muchos puertorriqueños recibieron el reciente anuncio gubernamental de privatizar el sistema eléctrico del país como el paso lógico. La población está agobiada y en sufrimiento, algo se tiene que hacer.

Pero, en mi análisis como profesor de ecología y director asociado del grupo de autogestión comunitaria Casa Pueblo, la privatización del servicio energético en Puerto Rico presenta no una solución sino nuevos problemas.

La privatización no es nueva

¿Por qué debe preocuparnos el anuncio de la privatización de PREPA? Bueno, para empezar, la idea no es nueva – y no salió del todo bien la primera vez que la intentaron.

A mediados de los años 90, la administración del gobernador Pedro Rosselló (padre del actual gobernador) inició un proceso de privatización de varios servicios públicos en Puerto Rico, entre otros teléfono, energía, agua y educación. Como parte de este proceso, el 30% de la generación energética de Puerto Rico pasó a carbón y gas natural por empresas extranjeras. La extinta compañía Enron fue líder de este proceso.

PREPA, que en sus días gloriosos a mediados del siglo XX había sido un orgullo nacional, pasó a una trayectoria en picada. De una deuda cercana a US$3,000 millones en los años 1990s, PREPA más que triplicó esta deuda pública a unos $10,000 millones actuales. Durante los últimos cinco años la imposición de medidas de austeridad ha diezmado su capacidad de cumplir con su misión pública, así como vimos con la llegada de María.

Las nuevas compañías energéticas privadas no solamente debilitaron a PREPA sino también crearon problemas medioambientales para la isla. Según una serie del Centro de Periodismo Investigativo en 2017, la empresa multinacional AES durante años mal manejó las cenizas producto de la quema de carbón de una planta generadora en Guayama, Puerto Rico.

Las disposición descuidadosa de cenizas en Arroyo Barril en República Dominicana, abonando en abortos inducidos, entre otras enfermedades. Una demanda contra AES fue transado en 2016.

En Puerto Rico, estos residuos tóxicos fueron utilizados para relleno de residencias de interés social y carreteras. Montañas gigantes de cenizas son parte ahora del paisaje en la ciudad sureña de Guayama sin que medidas de control de escorrentías y lixiviación de contaminantes prevengan futuros daños al gran acuífero del sur.

La privatización no significa la perfección

El apagón actual debería ser otro indicador de que las compañías privadas no necesariamente saben cumplir su misión mejor que las públicas.

Actualmente, confirman que hay en suelo nacional unas 6,000 brigadas importadas para ayudar a PREPA a restituir el sistema. Pionero fue Whitefish – una compañía pequeña de Montana, basada en el pueblo de orígen de Secretario del Interior Ryan Zinke – para reconstruir la red de transmisión y distribución energética con un contrato de $300 millones que no iba a poder cumplir. Se lanzó una investigacion sobre el acuerdo.

Tras esa contratación corrupta, otras conceptualmente similares se afincaron. Nos salieron hasta 10 veces más costosas que las brigadas nacionales y, aun así a más de cuatro meses, una parte sustancial del país sigue vergonzosamente a oscuras.

En camino a las fuentes renovables

El gran desafío que enfrenta el país a esta altura no es solamente restaurar la electricidad al pueblo puertorriqueño sino hacerlo resguardando el futuro energético de la isla.

Tras el paso del Huracán María, aumentaron los reclamos de la sociedad por sistemas duraderos y renovables, como sistemas fotovoltaicos sobre techos de edificios públicos, comercios y hogares. Y es que en la carrera nacional para encenderle la luz a Puerto Rico, hubo avances plenos en estos sectores y planes para desarrollarlos más. Se proponen y desarrollan una multiplicidad de proyectos mientras pequeñas empresas emergentes dispersas en la isla han creado cientos de empleos haciendo energía renovable.

La privatización de PREPA podría frenar este proceso. Todavía no se sabe cuales son las numerosas compañías que se anunciaron interesados en la venta de PREPA. Pero basado en la actual tendencia energética de Estados Unidos y en la historia de Puerto Rico, pienso que quien sea el comprador, fijará la dependencia de los combustibles fósiles mientras se colocarán piedras en el camino para apaciguar la lenta adopción de recursos limpios y renovables.

La Junta de Control Fiscal que ahora gobierna sobre Puerto Rico después de que la isla entró en default parcial de su deuda de US$2,000 millones a finales de 2016 ha expresado una visión de producción energética tradicional, de dependencia energética con combustibles fósiles.

Desde tomar las riendas del presupuesto y política pública de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal – un grupo no-electo de siete personas nombradas por el presidente de Estados Unidos que tiene como pilar el mejor interés del acreedor – ha promovido un cuestionable incinerador de la empresa Energy Answer y un terminal de gas natural en Guayama.

Es decir, si bien los futuros comparadores de PREPA mantienen un discurso público “verde”, el remedio podría ser peor que la enfermedad.

El peligro de los combustibles fósiles

Creo que depender de los combustibles fósiles sería peligroso para Puerto Rico, un país que con los huracanes brutales de 2017 ya experimenta los impactos del cambio climático. Ellos contamina el agua y el aire, lo que provoca calentamiento global.

También sería costoso. La evidencia muestra que en Puerto Rico esta dependencia a combustibles que importamos representó un hemorragia de sobre $22,000 millones de la economía nacional en la primera década del 2000. Durante este periodo, las fuentes renovables de energía han bajado sustancialmente de precio y ya son más competitivos con los combustibles fósiles.

Por eso, lugares como Costa Rica, Alemania y el Hawaii han logrado o se encaminan a generación plena con fuentes renovables aprovechando el sol, agua, biomasa y el viento.

Puerto Rico tiene todos estos recursos, pero falta un gobierno que activamente impulse la energía renovable. El gobierno de Ricardo Rosselló parece quitarse del sector. El deseo de privatizar y desregular, dejando el futuro energético a la merced del capital privado, está en perfecta consonancia con la filosofía de Donald Trump, el presidente defensor de la decadente industria minera que duda del cambio climático.

Hay otras barreras para la energía renovable en Puerto Rico, entre otras un nuevo impuesto de 30% a los paneles solares importadas que puso Trump y las impensables penalidades locales a legislarse para la gente que se desconecte de la red.

Ante esta encrucijada, entonces tocará insistir por una agenda social que posibilite un modelo energético alterno que trascienda de la dependencia pasiva a una insurgencia energética.

Arturo Massol-Deyá es director asociado de Casa Pueblo, un grupo de autogestión comunitaria en Adjuntas, Puerto Rico. La organización es autosostenible economicamente pero ha aceptado financiamento puntual de las fundaciones OXFAM, Miranda Foundation y JPB para la ayuda humanitaria después de Huracán Maria.