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El actual proceso de paz en Colombia, país que ha sufrido los impactos más nefastos de la guerra contra las drogas, enfrenta un conjunto de desafíos para su implementación.

Uno de ellos es: ¿qué hacer con las regiones que durante 35 años producían el ingrediente clave para uno de los productos más lucrativos del mundo?

El tráfico global de cocaína enriqueció a los traficantes locales e internacionales y ayudó a financiar y extender las actividades de las FARC. Pero no benefició así a los campesinos productores de la hoja de coca. Ellos seguían, y siguen, bastante pobres. Más aún, durante los tres años de negociación para la paz —reporta recientemente la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas— los cultivos de coca en Colombia han crecido en un 39%, de 69,000 hectáreas en 2014 a 96,000 en 2016.

¿Cómo manejar esta situación? Una de las propuestas menos controvertidas en el tratado de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC es la sustitución de cultivos y el desarrollo alternativo en zonas cocaleras. Con ayuda del gobierno y la ONU, entre otras organizaciones internacionales, más de 100,000 familias en los departamentos Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Catatumbo, Antioquía y Bolívar se dedicarán a producir, en vez de coca, cacao, café y miel.

Esto suena bien en teoría, pero en la realidad es extremadamente compleja pues ignora una situación de los mercados agrícolas ilícitos: solo allí los productores locales tienen la oportunidad de obtener precios que remuneran positivamente los factores que localmente emplean en su producción: tierra, trabajo y capital.

En un mundo globalizado, los cultivos ilícitos de coca (o cannabis, o amapola) son una respuesta de los campesinos ante los desastrosos precios de las importaciones agrícolas subsidiadas.

El mercado agrícola internacional y los subsidios

Los subsidios agrícolas son ayudas directas que da el gobierno a los productores agropecuarios para complementar sus ingresos, gestionar la oferta de los productos agrícolas y así influir en el costo de dichos productos.

Muchos países utilizan esta política económica, pero los subsidios son más significativos principalmente en el mundo desarrollado. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 1986 esas ayudas en Estados Unidos de América se elevaron de 37.329 millones de dólares a 41,461 millones de dólares en 2014.

Si tomamos el maíz por ejemplo, en el periodo de 1979 a 1992, los países desarrollados de la OCDE pagaron un subsidio directo al productor de maíz que ascendió del 28% al 38%, y el precio del producto en mercado siguió en más o menos 2.50 dólares por unidad a lo largo de esos 13 años.

Ni Colombia ni otros países andinos hicieron lo mismo, sus producciones locales de maíz no pueden competir con esas importaciones subsidiadas. En Colombia bajó el precio del maíz casi 20% en este periodo; el café, cacao y azúcar cayeron aún más.

No por casualidad justamente en este periodo se inicia el auge de los cultivos de coca en la región andina amazónica. Entre 1980 y 1988, la producción de hoja de coca en Bolivia, Colombia y Perú creció de 85,000 hectáreas (99,000 toneladas métricas) a 210,000 hectáreas (227,000 toneladas métricas). A partir de ahí se ha mantenido estable en 157,000 hectáreas o 170,000 toneladas de hoja.

Los cultivos de coca son parte de una revolución en el comercio agrícola mundial en la cual los roles tradicionales de producción y consumo se invirtieron. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la evolución de la agricultura y su comercio mundial fue la siguiente: en 1977 el superávit de los países en desarrollo llegó a 17,500 millones de dólares. En cambio, para 1996 esto se convirtió en un déficit de 6,000 millones dólares a favor de los países desarrollados.

En 2002 la FAO reconoció que los subsidios a los productores agrícolas del mundo desarrollado repercutían negativamente en la agricultura de los países en desarrollo. Permiten a los agricultores y las agroempresas poner en el mercado internacional sus productos a precios muy inferiores al valor de producción, lo que elimina de la competencia a los productores del mundo en desarrollo.

La lógica de la coca

Esto provoca que la producción de los cultivos ilícitos sea casi la única forma de ganarse la vida en esas zonas rurales.

Lo que olvidaron o evitaron los expertos que impulsan el desarrollo alternativo como la solución a la producción de drogas en Colombia, o Bolivia y Perú, es que en los mercados se realiza la remuneración de factores empleados en la producción alternativa o lícita. Si los precios de los productos están por debajo de los costos locales de producción, ese modelo de negocios necesariamente fracasará.

El campesino no puede renunciar a los altos ingresos producto del cultivo de coca, ya que de eso dependen su sustento y el de su familia, como tampoco pueden cambiar donde viven, el agua, el clima o las condiciones del suelo presentes en la región andina. Además, la coca es un producto andino ancestral que se ha cultivado y utilizado por siglos por la población local, un factor no poco importante para su encanto duradero.

De estas realidades provienen “la lucha por la tierra”, la violencia rural, la guerrilla y el paramilitarismo que ha vivido Colombia los últimos 52 años.

Esto no quiere decir que el desarrollo alternativo no sea necesario. Un desarrollo rural integral, que ayude a las poblaciones locales a tener acceso a los servicios básicos (agua potable y alcantarillado, vivienda, comunicaciones, equipamiento urbano, etc.), así como de servicios sociales (salud, educación y recreación, etc.), bien sirve a la comunidad local, sea que se dedique a los cultivos lícitos o ilícitos.

Pero el problema estratégico central de la sustitución de los cultivos sigue siendo los delgados márgenes de beneficio para los productos legales como el café, la miel y el chocolate. Hasta que el mercado agrícola internacional resuelva su problema de subsidios, la hoja de coca siempre será el mejor cultivo comercial de Colombia. Y entonces surge la pregunta: ¿y si la coca fuera legal, también?

Iban de Rementeria is affiliated with the Red Chilena de Reducción de Daños (Chilean Harm Reduction Network).