Alrededor de 5.000 personas, la mayoría pertenecientes al violento e inestable “Triángulo del Norte” de Centroamérica –formado por Guatemala, El Salvador y Honduras–, están atravesando México con la intención de solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos. La denominada “caravana de inmigrantes” está suscitando una gran atención social y política, lo que ha llevado a Trump a calificarla como una “emergencia nacional.” También ha declarado, erróneamente, que los inmigrantes primero “deben” solicitar asilo en México.

Los inmigrantes no están obligados a solicitar asilo en ningún país, sino que tienen el derecho a pedir asilo en el país que elijan, el derecho a un proceso imparcial en ese país y lo más importante, el derecho a no ser devueltos a un país en el que se enfrentan a la persecución o incluso a la muerte.

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He estado trabajando con solicitantes de asilo en Europa y Estados Unidos desde 2008. Durante la última década, he presenciado la presión creciente sobre el sistema de asilo para lidiar con situaciones complicadas en las fronteras. La realidad es que, aunque los inmigrantes que actualmente están atravesando México consigan solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos –un interrogante importante, teniendo en cuenta que todavía están a más de mil millas de distancia–, la vía legal hacia la seguridad es un desafío.

Lo que siempre ha sido un proceso complicado se ha vuelto más difícil al aumentar la preocupación guvernamental y pública por que los solicitantes de asilo estén estafando al sistema o por que el propio asilo se haya convertido en una ruta encubierta para los inmigrantes económicos.

Este tipo de presiones llevan a una protección legal cada vez menor para los solicitantes de asilo.

El sistema de asilo tiene defectos, y garantizar un acceso justo a una protección legítima requiere hacer mejoras importantes en el contexto legal, administrativo y social.

El marco legal

El marco legal internacional para el asilo es la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951, desarrollada por las Naciones Unidas al final de la Segunda Guerra Mundial.

La convención estableció cinco categorías en las que se pueden basar las solicitudes de asilo: raza, nacionalidad, religión, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular.

Sin embargo, desde el principio, estas categorías de protección fueron políticas. Al igual que los recientes esfuerzos por limitar la protección de las personas que huyen de la violencia doméstica o de bandas, estas categorías siempre protegieron a algunas personas perseguidas, pero no a todas. Por ejemplo, la convención de 1951 excluyó a los alemanes expulsados de Europa del Este y a las personas obligadas a huir de la partición de la India y Paquistán.

Muchas de las personas desplazadas o perseguidas hoy en día también se esfuerzan por encajar sus experiencias en las casillas creadas por la ley. Por ejemplo, a pesar del amplio apoyo mundial a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQ, no existe ninguna categoría específica para el género o la sexualidad.

La convención de 1951 no fue inútil, ni mucho menos. Sin embargo, contribuye a un entorno legal en el que para que los solicitantes de asilo tengan éxito y puedan ser protegidos, deben contar con determinadas vivencias bastante restringidas.

El proceso administrativo

Cuando una persona solicita asilo –no solo en Estados Unidos, sino en cualquier país que forme parte de la convención de refugiados–, tiene que demostrar que ha sido perseguida debido a su raza, nacionalidad, religión, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular. Es más, tiene que demostrar que no puede vivir con seguridad en su país de origen. Su prueba depende en gran medida de poder demostrar credibilidad. En otras palabras, tiene que compartir su experiencia de tal modo que se crea que su declaración es verdadera y se considere que su miedo a la persecución es legítimo.

Este proceso se ha vuelto más desafiante debido a las sospechas de que los solicitantes de asilo están abusando del sistema. Por ejemplo, en enero de 2018, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, que supervisa el proceso administrativo, cambió su política relativa a las entrevistas para entrevistar primero a las personas que solicitaron asilo más recientemente.

El USCIS sospecha que es más probable que las solicitudes más recientes sean fraudulentas, y que las entrevistas más rápidas disuadirán a las personas de «utilizar los atrasos en la tramitación del asilo solo para obtener una autorización de empleo mediante la presentación de solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o no meritorias».

Mientras, las personas que llevan años esperando la entrevista tendrán que esperar aún más. En enero de 2018 más de 300.000 personas estaban en espera. El USCIS solía publicar un informe con los tiempos de espera, pero dejó de hacerlo con el cambio de política del pasado mes de enero. El último informe publicado exponía que, por ejemplo, las personas de Miami llevaban esperando casi cuatro años y medio para ser entrevistadas.

Además de enfrentarse a la sospecha de estar abusando del sistema, los solicitantes de asilo se enfrentan a una falta de apoyo legal para realizar las solicitudes, y, en realidad, los responsables son muy prudentes a la hora de decidir su destino.

A los solicitantes de asilo no se les asigna automáticamente a ningún representante legal. Muchos gestionan ellos mismos todo el proceso, incluida la comparecencia ante un juez de inmigración. Como es de esperar, las personas que tienen abogado tienen cinco veces más posibilidades de que les concedan el asilo.

Las investigaciones también muestran con frecuencia que las oportunidades de conseguir el asilo varían considerablemente en función de la nacionalidad del solicitante y del lugar de Estados Unidos al que lo solicitan. En 2017, se denegaron casi el 90% de las solicitudes de mexicanos, frente al 20% de casos chinos. Los tres países del Triángulo del Norte –El Salvador, Honduras y Guatemala– están entre los cinco primeros países con mayor número de denegaciones, con más del 75% de solicitudes rechazadas. De forma similar, es más probable que se conceda el asilo en Nueva York o en San Francisco que en los tribunales más cercanos a la frontera de Texas o Arizona.

El contexto social

Por último, el asilo se ha convertido de muchas maneras en una válvula de escape para las preocupaciones sociales en general sobre fronteras, seguridad, terrorismo, desigualdad económica y multiculturalismo. Las investigaciones nos indican que, en realidad, los inmigrantes y los refugiados no son más propensos a delinquir que los demás ciudadanos, ni tampoco es probable que sean terroristas. De hecho, contribuyen a las economías locales de forma positiva. Pero hasta que esas actitudes y prejuicios sociales cambien, las expectativas de que haya la suficiente voluntad política para plantear soluciones legales factibles seguramente seguirán siendo pocas.

Los marcos legales y administrativos solo pueden abordarse cuando haya una voluntad social y política adecuada para realizar el tipo de cambios que respaldarían un sistema de asilo justo y humano.

Abigail Stepnitz receives funding from UC Berkeley's Jurisprudence & Social Policy Program and the UC Humanities Research Institute.