El presidente Donald Trump ha hablado contundentemente sobre la crisis humanitaria de Venezuela. En la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre la calificó de “tragedia humana”.

La crisis humanitaria, que empezó a finales de 2014 —cuando la caída del precio del petróleo dejó al Gobierno de Maduro sin su principal fuente de ingresos— ha empeorado hasta llegar a niveles nunca antes imaginados. Actualmente la gente se está muriendo debido a la escasez de alimentos y medicinas.

Trump señaló que dos millones de refugiados venezolanos han escapado de la “angustia ocasionada por el régimen socialista de Maduro”, y pidió a los líderes mundiales que unan fuerzas para «intentar restaurar la democracia en Venezuela».

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El vicepresidente Mike Pence, quien visitó Latinoamérica en junio, describió la situación de Venezuela como «desgarradora».

Parece como si se le estuviera brindando un gran apoyo a mi debilitado país natal, pero mi investigación académica sobre retórica política indica que hay que mirar más allá de las palabras para entender lo que en realidad está pasando.

Un análisis detallado de las políticas de Trump hacia Venezuela revela que su Administración está haciendo mucho menos de lo que podría para aliviar el sufrimiento de los venezolanos. Pero esto no ha impedido que el presidente use la crisis del país para ganar votos a favor de su partido en las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre.

Sanciones que no funcionan

Venezuela fue en su momento la nación más rica de América Latina. Sin embargo, según el Fondo Monetario Internacional, la inflación podría alcanzar este año el millón por ciento. De acuerdo con un reciente sondeo, el 30% de los venezolanos come solamente una vez al día.

Con el objetivo de “restaurar el orden democrático” en Venezuela, el Gobierno de Trump impuso en septiembre sanciones contra la primera dama de Venezuela, contra el ministro de Defensa del país y contra el presidente de la Asamblea Constituyente, un órgano todopoderoso creado en 2017 para reemplazar a la Asamblea legislativa liderada por la oposición.

Esta es la cuarta ronda de sanciones al Gobierno de Venezuela desde que Trump asumió el cargo en 2017.

El presidente Barack Obama también sancionó al régimen de Maduro en 2015 y declaró a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Crisis en América Latina

A pesar de las múltiples sanciones, el régimen autoritario de Maduro se mantiene firme en el poder.

A medida que empeoran las condiciones en Venezuela, un número considerable y creciente de personas huye hacia las naciones vecinas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que cada día 5.000 personas abandonan el país.

Según afirmó Matthew Raynolds, de ACNUR, “el éxodo venezolano está al nivel del de Siria”.

La afluencia de inmigrantes está llevando al límite los recursos de Brasil y Colombia, donde en las ciudades fronterizas se han visto brotes de xenofobia y ataques violentos contra los refugiados.

Estados Unidos afirma que destinará 48 millones de dólares más para financiar a las organizaciones estadounidenses que están proporcionando ayuda humanitaria y alimentaria a los inmigrantes venezolanos en Latinoamérica.

Sumados a los 46,8 millones de dólares ya destinados a la ayuda humanitaria para los refugiados venezolanos durante este año fiscal, la ayuda externa de Estados Unidos para Venezuela alcanza los 94,8 millones de dólares, un aumento de 14 millones con respecto a 2017.

Pero a pesar de este gran incremento, la ayuda de los Estados Unidos a Venezuela no representa más que una pequeña parte de los 475 millones de dólares otorgados el año pasado a Colombia, y solo un poco más que el promedio de 62 millones de dólares en ayudas anuales otorgado a los países de la región.

Cierre de fronteras

A pesar de las declaraciones de solidaridad por parte de Trump hacia los refugiados venezolanos, estos no están exentos de la ofensiva de su Gobierno contra la inmigración.

Solo en la primera mitad de 2018, Estados Unidos deportó a casi 260 venezolanos. Esto representa un aumento con respecto a las 248 deportaciones de venezolanos durante todo el 2017 y a las 182 deportaciones de 2016.

Y aunque el vicepresidente Pence ha reconocido que «la violencia y la tiranía» gobiernan el país, el asilo político les suele ser negado a los venezolanos. Durante los últimos cinco años, los jueces de inmigración rechazaron casi el 50% de las solicitudes de asilo de venezolanos.

Hoy en día, los venezolanos representan el mayor grupo de solicitantes de asilo de Estados Unidos, luego de superar a los centroamericanos en 2016. El año pasado, los refugiados venezolanos presentaron 27.629 solicitudes de asilo, diez veces más que las 2.181 solicitudes presentadas en 2014.

Abogados de inmigración de Miami afirman que el Consulado de Estados Unidos en Caracas también ha estado revocando visados de turista de venezolanos y que el Gobierno federal ha reducido de forma drástica el número de visados de tipo no inmigrante expedidos a venezolanos: de 239.772 en 2015 a 47.942 el año pasado.

En Florida, hogar de la mayor comunidad de venezolanos en Estados Unidos, políticos de ambos partidos, incluyendo a los senadores Bill Nelson y Marco Rubio, afirman que apoyarían la concesión del estatus de protección temporal (conocido como TPS por sus siglas en inglés) a los venezolanos. Esta medida les permitiría permanecer en Estados Unidos de forma legal hasta que la situación en Venezuela se estabilice.

Frente a crisis similares, gobiernos anteriores otorgaron el TPS a inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Sudán.

Pero la Administración Trump, que se encuentra en una batalla judicial con el fin de eliminar el TPS para la mayoría de los inmigrantes, afirma que los venezolanos no cumplen con los requisitos de este estatus de protección.

La opción militar

Trump parece estar más interesado en una intervención militar en Venezuela.

Según un artículo del New York Times, miembros del Gobierno de Trump se reunieron en secreto el año pasado con disidentes de las fuerzas armadas de Venezuela para hablar sobre cómo derrocar a Maduro.

Aunque Estados Unidos se negó a participar en un golpe de Estado, Trump dijo que el régimen de Maduro “podría ser rápidamente derrocado por el ejercito”, refiriéndose a las fuerzas armadas venezolanas.

El vicealmirante de la Marina, Craig Faller, designado para dirigir el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, dijo recientemente en un debate del Senado que no estaba al corriente de ningún plan de intervención militar en Venezuela y afirmó: «No estamos haciendo nada más que la planificación prudente habitual… para prepararnos para una serie de contingencias».

La falta de esfuerzos reales por parte de Estados Unidos para abordar la crisis migratoria de Venezuela ha dejado solos a los gobiernos latinoamericanos en la resolución de esta crisis migratoria sin precedentes.

Recientemente, once naciones de la región, incluidas Brasil y Colombia —saturadas de refugiados— acordaron recibir a más venezolanos. Muchos venezolanos no pueden conseguir un pasaporte ni renovar su documento de identidad debido a la lenta, ineficiente y corrupta burocracia del régimen de Maduro.

Quieren convertir a Estados Unidos en Venezuela

Que la Casa Blanca no haya actuado en Venezuela no ha impedido que Trump use la crisis venezolana para sacar un beneficio electoral en las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre.

El pasado 10 de octubre, Trump escribió un artículo de opinión en USA Today en el que decía: «Los nuevos demócratas son socialistas radicales que quieren transformar la economía estadounidense siguiendo el modelo de Venezuela».

Y en un evento en Tennessee a principios de este mes, Trump insistía en que “los demócratas quieren cerrar el sector energético estadounidense y reemplazar la libertad con socialismo”.

“¡Quieren convertir a Estados Unidos en Venezuela!”, exclamó.

El lenguaje beligerante de Trump contra el régimen de Maduro, sumado a las palabras de compasión por sus víctimas, funciona bien entre los simpatizantes del presidente estadounidense. Sin embargo, dicha retórica no ayuda en nada a los venezolanos que están sufriendo la peor crisis humanitaria de la historia de América Latina.

Marco Aponte-Moreno no trabaja para ninguna compañía u organización que se beneficie de este artículo; tampoco consulta ni posee acciones ni recibe fondos por ese concepto; y no ha divulgado afiliaciones relevantes más allá de su posición académica.