Por primera vez en varias décadas, el censo 2020 de Estados Unidos preguntará si las personas son ciudadanas o no.

Cuando Wilbur Ross, Secretario de Comercio, ordenó que el censo incluyera esa pregunta, afirmó que era necesario permitir que el Departamento de Justicia pusiera en vigor la Ley de Derecho de Voto de 1965, que prohíbe la discriminación racial en la votación, de manera más efectiva.

Los críticos argumentan que el Gobierno tiene otras formas de obtener la información para hacer cumplir esa ley y que preguntar acerca de esa cuestión desalentaría la participación en el censo, en especial, por parte de los latinos.

Read more: Can the census ask if you're a citizen? Here's what's at stake in court battles over the 2020 census

Si las personas no participan en el censo, eso podría dar como resultado un conteo menos preciso de la población. Y esa circunstancia podría tener implicaciones políticas y financieras importantes para los próximos años.

El censo determina cuántos escaños tiene cada estado en la Cámara de Representantes. También se utiliza para asignar fondos federales para una amplia gama de propósitos, incluidos Medicare, Medicaid, cupones de alimentos, ayuda escolar y carreteras.

Lo que está en juego tiene un alto precio.

Por este motivo seis demandas – presentadas por varios grupos, incluidos los estados de Nueva York y California – reclaman si es legal o no preguntar sobre el tema de la ciudadanía. Ahora estas demandas están pendientes en los tribunales federales de EEUU.

Llegar a la Corte

Estos casos plantean varios problemas legales.

La primera pregunta es si los tribunales tienen o no alguna autoridad sobre las disputas del censo.

La Ley de Procedimiento Administrativo dice que los tribunales no pueden revisar las decisiones que están “comprometidas a discreción de la agencia por ley”. Además, la Constitución y la Ley del Censo parecen otorgar discreción sin restricciones a los funcionarios federales para diseñar el censo como lo consideren adecuado.

La Ley del Censo, por ejemplo, autoriza al Secretario de Comercio a realizar el censo “en la forma y el contenido que él determine”.

Pero el Tribunal Supremo ha dicho que es probable que este lenguaje no evite que los tribunales aborden la disputa sobre la ciudadanía aquí. Los jueces han escuchado varias demandas a los aspectos de los censos anteriores, y los tribunales inferiores han oído muchas más.

Por tanto, los esfuerzos del gobierno para descartar las demandas respecto a a la cuestión de la ciudadanía han fracasado.

Incluso si la decisión de incluir el tema de la ciudadanía está sujeta a revisión judicial, los demandantes deben tener legitimación para hacerlo así. Lo más importante es que esto significa que han sufrido una lesión legalmente reconocible. Los daños especulativos, o aquellos que ocurrirán en el futuro, no califican.

Los demandantes han reclamado, citando investigaciones pasadas de la Oficina del Censo, que preguntar sobre la ciudadanía desalentará la participación en el censo y que los estados y comunidades afectados perderán escaños en el Congreso — y, como resultado, fondos federales.

Los tribunales han aceptado este argumento en demandas anteriores, pero la mayoría de esos casos surgieron después de que se realizó el censo.

Pero en 1999 el Tribunal Supremo sí confirmó la impugnación de los planes para el censo del 2000.

Evidencias de discriminación

Sobre la base de estos hechos, los demandantes afirman que la pregunta sobre la ciudadanía tiene la intención de desalentar a los latinos y otros inmigrantes de participar en el censo de 2020. Aseguran que generará un conteo inexacto y, por lo tanto, es inconstitucional.

Los reclamantes citan muchas declaraciones del presidente Trump, incluida su descripción de los mexicanos como delincuentes y “violadores”, así como afirmaciones en las que califica a los inmigrantes de “animales” que “infestan” a EEUU.

También citan evidencias de que el Departamento de Comercio presionó al Departamento de Justicia para que enviara su carta sobre la cuestión de la ciudadanía bajo la presión de los principales colaboradores de la Casa Blanca, como Stephen Bannon.

Además, el secretario Ross ordenó la inclusión de la cuestión de la ciudadanía sobre las objeciones de los demógrafos profesionales de la Oficina del Censo, que citaron pruebas de que la pregunta afectaría la participación en el censo. Esto pudiera sugerir una desviación de los procedimientos habituales de toma de decisiones.

Para que su demanda constitucional prevalezca, los reclamantes deben probar que el secretario Ross intentó discriminar a los inmigrantes cuando ordenó la inclusión del problema de la ciudadanía.

No está claro si las declaraciones del presidente Trump se tendrán en cuenta para este propósito. En el aspecto de la prohibición de viajar, por ejemplo, la Corte Suprema le restó importancia a sus comentarios sobre los musulmanes.

El Tribunal Supremo se ha mostrado escéptico respecto a los reclamos por discriminación al no existir evidencias de culpabilidad. Evidencia circunstancial de intención discriminatoria no es suficiente.

Recuentos precisos

Más allá de la demanda de discriminación, los reclamantes argumentan que la cuestión de la ciudadanía viola el requisito constitucional de que el censo sea un “cálculo real” de la población. Al desalentar la participación, afirman que la pregunta dará lugar a un conteo inexacto.

Los tribunales inferiores no estuvieron de acuerdo sobre si los demandantes deben probar la intención discriminatoria de ganar de acuerdo con la Cláusula de Conteo. Aun si no lo hacen, la Constitución no requiere un recuento perfecto.

Casi todos los censos entre 1820 y 1950 preguntaron sobre la ciudadanía. Pero los demandantes señalan que la inmigración fue un tema menos cargado en ese periodo. Preguntar hoy sobre la ciudadanía tiene implicaciones más preocupantes, dicen, que en épocas anteriores.

Este argumento implica que el significado de la Constitución puede cambiar — cosa que difícilmente acepta la mayoría conservadora de la Corte Suprema.

Pero las irregularidades en el proceso de toma de decisiones del secretario Ross bien podrían haber violado la Ley de Procedimiento Administrativo.

Se supone que las decisiones de la agencia se basan solo en información legalmente relevante. La evidencia de los demandantes sugiere que el secretario Ross carecía de una justificación adecuada para ordenar que se incluyera la cuestión de la ciudadanía.

Y eso podría hacer que ganaran.

Jonathan Entin no trabaja para ninguna compañía u organización que se beneficie de este artículo; tampoco consulta ni posee acciones ni recibe fondos por ese concepto; y no ha divulgado afiliaciones relevantes más allá de su posición académica.