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“¿Esta persona es ciudadano de los Estados Unidos?”

El 26 de marzo, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció que se agregaría una pregunta sobre ciudadanía al censo de 2020. Esta pregunta, que fue propuesta originalmente por el Departamento de Justicia, ayudaría ostensiblemente a hacer cumplir la Ley de Derechos Electorales de 1965.

Cuando se propuso por primera vez en diciembre de 2017, expertos en hacer censos, más de 100 organizaciones nacionales científicas y de derechos civiles, el Caucus Hispano del Congreso, la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos y los senadores demócratas y miembros de la Cámara, protestaron con vehemencia.

Soy una científica social que estudia inmigración. He utilizado datos del censo sobre inmigración y ciudadanía en mis investigaciones durante más de dos décadas, e insté a las agencias del Gobierno que realizan estadísticas a recopilar más datos sobre los inmigrantes. Pero no creo que sea sensato recopilar el estatus de ciudadanía en el censo de 2020. Hacerlo, no solo aumentaría el riesgo de recolectar datos inexactos, sino que también reduciría la confianza del público en el censo.

Seguimiento de la ciudadanía

Por un lado, los datos sobre ciudadanía son valiosos. En cualquier democracia moderna, los datos estadísticos son esenciales para los debates informados sobre políticas y para guiar la implementación de programas gubernamentales. Sin estos datos, casi con certeza que las decisiones se delinearían fácilmente con evidencia anecdótica y sesgos personales.

Los datos de ciudadanía se han utilizado para monitorear la participación política y la inclusión de grupos de inmigrantes. La ciudadanía está fuertemente asociada con el acceso a la asistencia pública, la atención médica y los empleos. Los científicos sociales y los analistas de políticas dependen en gran medida de los datos de la encuesta sobre ciudadanía para comprender el bienestar de los inmigrantes y su impacto en las sociedades que los acogen.

Además, la Oficina del Censo de los Estados Unidos ha recopilado con éxito información confidencial sobre el estado de ciudadanía en el pasado. La pregunta sobre ciudadanía se introdujo por primera vez en el censo de 1870, y formó parte de todos los censos de 1890 a 1950. Se incluyó en la forma “larga” del censo —utilizada en uno de cada 6 hogares— hasta el año 2000. También se solicita en la Encuesta de la Comunidad Americana, un sondeo que la Oficina del Censo realiza cada año.

Los inmigrantes tienden a estar dispuestos a responder a las encuestas. En un estudio de 2010, los inmigrantes hispanos fueron más propensos que los hispanos nacidos en los Estados Unidos a aceptar que el censo es bueno para la comunidad hispana. También fueron más proclives a entender correctamente que el censo no se puede usar para determinar si una persona se encuentra legalmente en el país y que la oficina debe mantener la confidencialidad de sus respuestas.

En otro estudio que publiqué en 2014 con dos colegas, James Bachmeier y Frank Bean, descubrimos que casi todos los inmigrantes respondieron preguntas sobre su estatus migratorio. Estas tasas de respuesta están a la par o mejor que las preguntas típicas de la encuesta sobre salud o ingresos. Además, las respuestas de los inmigrantes a estas preguntas parecían ser bastante precisas.

Dañando los datos

Sin embargo, el clima político en torno a la inmigración ha cambiado en el último año.

No todos los inmigrantes han respondido cooperativamente en el pasado. Aquellos más propensos a ser indocumentados han sido subestimados en los censos anteriores y tuvieron más probabilidades de declarar, incorrectamente, ser ciudadanos de los Estados Unidos.

La retórica y la política antiinmigrante de la administración Trump pueden haber aumentado la desconfianza entre todos los inmigrantes, no solo aquellos que no tienen papeles. Durante las entrevistas grupales realizadas por la Oficina del Censo aproximadamente seis meses después que Trump iniciara su mandato, los inmigrantes parecían ansiosos y reacios a cooperar con los entrevistadores de la Oficina del Censo.

Mencionaron temores de deportación, la eliminación de DACA, una “prohibición musulmana” y redadas de ICE. Uno de los encuestados se retiró cuando el cuestionario abordó el tema de la ciudadanía, dejando al entrevistador solo en su apartamento. Los encuestados incluso omitieron o dieron nombres falsos en la lista de personas que vivían en sus hogares para evitar “registrarse” en la Oficina del Censo. Los entrevistadores comentaron que era mucho más fácil recopilar datos sobre inmigración y ciudadanía unos pocos años atrás que ahora.

Todavía no está claro si los temores observados en las entrevistas del grupo de enfoque son generalizados o cómo esos temores afectarían las tasas de respuesta si la pregunta sobre ciudadanía se agregara al censo de 2020. Además, los investigadores aún no han encontrado una manera de hacer la pregunta sobre la ciudadanía para que no se percibe como una amenaza.

Lamentablemente, no hay tiempo suficiente para averiguarlo. La versión final del cuestionario al Congreso se entregó a fines de marzo.

Qué hacer en 2020

Fui miembro de la Junta Asesora del Censo de 2008 a 2011, y he sido testigo del tiempo y esfuerzo que le lleva a la Oficina del Censo crear las preguntas. Los funcionarios deben prestar atención meticulosa a la redacción exacta de la pregunta, las categorías de respuesta, el orden y el diseño del cuestionario.

Creo que agregar una pregunta de ciudadanía sin una prueba adecuada podría reducir severamente la participación en el censo de 2020 entre los 44 millones de inmigrantes del país y las 32 millones de personas adicionales nacidas en los Estados Unidos, quienes viven con ellos.

Las consecuencias sociales y económicas de una baja tasa de respuesta para el censo de 2020 serían severas. Incluso pequeños errores en la cobertura podrían cambiar la distribución del poder político y los fondos federales, así como también reducir la efectividad de los sistemas de salud pública y otras funciones gubernamentales.

Tal vez, incluso peor, un alto error de cobertura en el censo de 2020 podría minar la confianza del público en el censo como la fuente de información del país sobre el tamaño, el crecimiento y la distribución geográfica de la población de los Estados Unidos.

Como describió la historiadora Margo Anderson en su libro “The American Census”, esto sucedió un siglo atrás. El censo de 1920 reveló cambios dramáticos en la población de áreas rurales a urbanas, ya que grandes oleadas de inmigrantes de Europa oriental y meridional se asentaron predominantemente en ciudades estadounidenses. El Congreso, temiendo las ramificaciones políticas de estos cambios, rechazó los resultados del censo de 1920 y votó por no redistribuir los escaños de la Cámara de acuerdo con los datos del censo más reciente. Un rechazo similar de los resultados del censo de 2020 probablemente resultaría, hoy en día, en una crisis constitucional.

Los datos de ciudadanía serían valiosos. Pero los riesgos de la baja calidad de los datos, o la erosión de la confianza pública en el censo y otras instituciones gubernamentales, superan con creces los posibles beneficios. Dado que hay otros datos actuales disponibles sobre ciudadanía, ¿por qué tomar riesgos innecesarios cuando hay mucho en juego?

Esta es una versión traducida y actualizada de un artículo originalmente publicado el 22 de febrero de 2018.

Jennifer Van Hook recibe fondos de los Institutos Nacionales de Salud. Es profesora de Sociología y Demografía (Roy C. Buck award) en la Universidad Estatal de Pennsylvania, y es becaria no residente del Migration Policy Institute.